El gobierno ecuatoriano aprobó una ley que regula el uso y manejo del agua en varios sentidos, y que, según expresan los indígenas , es realmente un camino andado hacia la privatización definitiva de este recurso fundamental.
Desde el sur del país llegaron grupos indígenas hasta Quito, protestando contra el hecho de que esta ley le concede al Estado el manejo exclusivo de los recursos hídricos y elimina las juntas que administraban el agua en los territorios ancestrales.
Las organizaciones indígenas que por años administraron el agua dentro de sus territorios dicen que esta norma busca en realidad favorecer a las empresas mineras que son favorecidas por el Estado.
Las comunidades están alarmadas pues saben de los riesgos que hay por detrás de esta ley.
En su llegada a Quito realizaron un parlamento en el que además de la ley de agua, tocaron temas como derechos de la naturaleza, educación bilingue, ingreso a universidades públicas, entre otros.
Los manifestantes se reunirán nuevamente el próximo 7 de agosto.